La Contraloría hizo dos hallazgos con presunta "incidencia fiscal" por valor de 1.072 millones de pesos en una auditoría de la vigencia 2014 al Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), centro de investigación de Ecopetrol, informó hoy el tribunal de cuentas.

En total se establecieron 15 hallazgos administrativos, dos de los cuales son estos de carácter fiscal, además de cuatro hallazgos con posible alcance disciplinario, trasladados a la Procuraduría, según un comunicado de la Contraloría.

La auditoría adelantada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía señaló inicialmente un presunto daño fiscal en cuantía de 1.047 millones de pesos por deficiente gestión de cobro en un contrato cuyo objeto fue el servicio de producción y transporte de un aditivo para las plantas viscoreductoras de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

En febrero de 2013, el mismo instituto y Ecopetrol (a través de una Comisión Interdisciplinaria) confirmaron la existencia de sobrecostos en cuantía de 916 millones de pesos en este contrato.

Ese informe determinó un sobrecosto de 131,2 millones de pesos, que corresponde a un mayor valor pagado al contratista por concepto de arrendamiento.

Según la Contraloría, la gestión adelantada por el ICP para recuperar los dineros pagados de más ha sido deficiente, lo que contraviene los principios de responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos ejecutados en este contrato, agregó la información.

Eso podría afectar la eficiencia y eficacia administrativa, ocasionando este presunto daño fiscal (por exactamente 1.047,8 millones de pesos).

De igual forma, la Contraloría evidenció que el ICP no ha recuperado la suma de 10 millones de pesos por concepto de transporte y 15 millones por arrendamiento de equipos, en desarrollo de otro contrato suscrito en 2009 con la firma ALG Ingenieros.

Por su parte, Ecopetrol respondió en un comunicado al afirmar que en los contratos con esa empresa identificó las desviaciones y entabló las denuncias y demandas del caso en 2010 y 2012, ante autoridades judiciales y entes de control.

En este sentido afirmaron que en la actualidad la Fiscalía General de la Nación se encuentra recaudando evidencias, proceso penal en el cual Ecopetrol se constituirá como víctima y solicitará reparación integral.

Asimismo, la empresa presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, solicitando oportunamente la liquidación del contrato y el reconocimiento, entre otros, de los costos asumidos por concepto de arrendamiento de equipos (15 millones de pesos) y por transporte de equipos (10 millones de pesos).

EFE